Brasil: qué propuso la consulta sobre el Inventario Nacional de Sustancias Químicas

Nota de actualización: este artículo analiza la consulta pública divulgada en 2025. No debe interpretarse como una consulta actualmente abierta ni como el texto final de la reglamentación.

La consulta pública de 2025 presentó una propuesta de decreto para reglamentar la Ley 15.022/2024, que creó las bases del Inventario Nacional de Sustancias Químicas y de la evaluación y gestión de riesgos en Brasil.

Principales elementos propuestos

1. ¿Qué empresas podrían estar obligadas?

La propuesta consideraba la notificación de sustancias producidas o importadas en cantidades iguales o superiores a una tonelada por año, con información técnica, cantidades, usos y clasificación.

2. ¿Cómo se estructuraría el inventario?

Los datos presentados por las empresas formarían una base nacional para conocer las sustancias existentes, priorizar evaluaciones y desarrollar medidas de gestión de riesgos.

3. Fabricantes extranjeros y representación local

La ley permite que un fabricante extranjero suministre información mediante un acuerdo con el importador. La consulta planteó dudas sobre la futura función de una representación exclusiva y su posible aproximación a modelos internacionales.

4. Priorización y confidencialidad

Entre los factores considerados estaban toxicidad, persistencia, bioacumulación, volumen y exposición. La protección de información comercial confidencial fue señalada como un punto que requería mayor detalle.

5. Plazos y convergencia internacional

La minuta propuso un período para el envío de datos a partir de la disponibilidad del sistema. También abrió la posibilidad de cooperación con jurisdicciones que ya cuentan con sistemas consolidados de gestión química.

¿Qué significa esto para su empresa?

• Preparar un inventario de sustancias producidas e importadas, con cantidades y usos.

• Definir responsabilidades entre fabricantes extranjeros, importadores y entidades locales.

• Identificar información confidencial y las evidencias necesarias para justificar su protección.

• Acompañar la reglamentación vigente antes de tomar decisiones basadas en la minuta de 2025.

El contenido refleja una propuesta sometida a consulta y no sustituye la verificación del texto regulatorio final ni una evaluación jurídica específica.